Las Inconsistencias de la Nueva Ley Medioambiental
El proyecto Represa Punilla, al cual nos oponemos, es una iniciativa de generación de energía hidroeléctrica y de regadío del estado de Chile, que es presentado a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Se encuentra en una etapa avanzada de aprobación y en esta fecha, mayo del 2010, será prontamente sometido a la decisión del Consejo de Ministros.
Nos preocupa de sobremanera el hecho que la nueva Ley Medioambiental considere este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, como la instancia que debe pronunciarse respecto a los reclamos u observaciones que se realicen a este tipo de proyectos y así recomendar a la presidencia la puesta en marcha o no de éstos. Así, de acuerdo a la ley N°20417 en el art. 20 se menciona que:
“ procederá la reclamación ante un comité integrado por los Ministros del Medio Ambiente, que lo presidirá, y los Ministros de Salud; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Agricultura; de Energía, y de Minería.”
Consideramos que al momento de realizar su dictamen o pronunciamiento se presentan incoherencias que atentan contra la imparcialidad del proceso. Esto tiene lógica si nos basamos en el hecho que el Comité de Afectados por la Represa Punilla y la agrupación Voces en Movimiento, presentaron una reclamación a la resolución de aprobación del mencionado proyecto.
Unas de las incoherencias se evidencia en que el Ministro de Agricultura manifestó públicamente estar a favor de la construcción del proyecto Punilla, ¿no debiera inhabilitarse en su pronunciamiento respecto de la reclamación en cuestión? Creemos que este escenario nos pone en una desventaja legal.
Por otro lado, es cuestionable el hecho que otros ministros de la república, que son “parte” del mismo ente ejecutor (el gobierno de Chile), sean al mismo tiempo “jueces” de este proyecto. Asimismo, se evidencia una desventaja si consideramos que la Ministra vocera de gobierno manifestó que este tipo de proyectos deben ser aprobados. En el mismo sentido, debemos recordar la situación de la ex intendenta del Bío-Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, que en la votación de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) realizada en el mes de septiembre de 2010, no se inhabilitó de votar, a pesar de haber hecho evidente su postura a favor del embalse. Esto sin que ella ni los demás consejeros/as consideraran que el estudio de impacto ambiental de este proyecto, presentado por un profesional de CONAMA Bío-Bío, evidenciara 33 impactos negativos contra únicamente 2 impactos positivos.
Sin duda este tipo de situaciones evidencian la preeminencia de criterios economicistas por sobre la rigurosidad técnica y la debida consideración de los impactos negativos sobre el modo de vida y la biodiversidad de la zona.
